Se aprobó en general y en el debate en particular se rechazó el artículo 1°. Pasaron a cuarto intermedio
Con clima de campaña electoral, la Cámara de Diputados aprobó ayer, en general, por 131 votos positivos, 63 negativos y siete abstenciones el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, impulsada por el Gobierno nacional. Tras la votación, al pasar al tratamiento particular, el artículo primero resultó negativo. Ante las visibles desavenencias que se avecinaban, la Cámara, por propuesta de Carrió decidió pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, en la búsqueda de acuerdos para el conflictivo articulado.
La propuesta oficialista apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública. La norma contempla introducir fuertes multas a las compañías involucradas en delitos de corrupción con la posibilidad impedir que sigan operando en el país.
La sesión, que estuvo a punto de fracasar por falta de quórum, se desarrolló en un clima de tensión entre el oficialismo y el arco opositor, que centraron en el eje de la corrupción el debate, uno de los principales temas que Cambiemos llevará a la pelea electoral.
El punto central de la discordia fue la inclusión en el proyecto de un artículo que apunta a que el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria pueda aplicarse al caso Odebrecht para propiciar la colaboración de la empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina.
El artículo cuestionado por la oposición es el que establece la vía administrativa para que las empresas involucradas en casos de corrupción “por hechos anteriores a la presente ley” puedan ofrecer información. Este punto fue criticado por la oposición que interpreta como inconstitucional ya que las leyes penales no pueden ser de carácter retroactivo.
“Se ha criticado el art. 37, pero desde mi punto de vista ese artículo es claramente beneficioso. Se refiere a la posibilidad que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. Si no existiera este artículo los hechos de corrupción anteriores no podrían ser objeto de investigación, ni de sanción ni de acuerdo alguno, de manera que extiende la aplicación de la ley en términos administrativos”, sostuvo al defender el proyecto el macrista Pablo Tonelli.
Desde el Frente Renovador, Mónica Litza, que intentó sortear la polarización política, expresó que “el Gobierno no fue a fondo de la responsabilidad penal de las empresas, porque es parte de las empresas. No tienen un conflicto de intereses: representan los intereses. Son los interesados”. La massista también criticó al kirchnerismo: “durante más de una década tuvo connivencia con empresas que hoy tienen que dar muchas explicaciones”.
“No estamos ni con De Vido ni con Socma, queremos que la Argentina salga del fango en el que estamos”, dijo a los gritos la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, que acusó al oficialismo de querer introducir el tema de forma oportunista.
María Emilia Soria, del Frente para la Victoria, calificó el proyecto como un “manual” para las empresas que pretenden “sortear las penas”. “La connivencia entre el Gobierno nacional y los sectores empresarios ha llegado al Congreso bajo el disfraz berreta de ser una herramienta de lucha contra la corrupción”, disparó la diputada y agregó le apuntó al titular de la AFI, Gustavo Arribas: “El otro gran objetivo es que Arribas y otros amigos de Odebrecht puedan verse beneficiados por una legislación que nunca debió ser retroactiva”, señaló.
